Exjerarcas de la Policía que pasaron de la honorabilidad al banquillo de los acusados

San Pedro Sula, Honduras. La Policía Nacional, institución encargada de “servir y proteger” a los hondureños, además de presumir muchas veces transparencia en su administración y contundentes acciones contra la criminalidad, así como de pregonar dentro de sus filas a hombres y mujeres con historiales impecables, ha sido sacudida durante años debido a que varios de sus miembros, desde la escala básica hasta el alto nivel, se han relacionado con el crimen organizado y el narcotráfico. A lo largo de su carrera policial, por mérito propio o no se ganaron el prestigio de muchos y la admiración de aquellos que empezaban a formarse al interior de la Policía Nacional, quien miraban en ellos un espejo de honorabilidad y un imagen digna de emular. Unos fueron extraditados o se entregaron ante los Estados Unidos para cumplir sus penas o esperar su sentencia, otros aún no condenados se encuentran en un proceso judicial que los divide entre la sospecha y la culpabilidad. Exdepurador de la Policía Omar RiveraOmar Rivera, exmiembro de la Comisión Especial creada para sanear una Policía Nacional salpicada desde hace muchos años por denuncias de corrupción y crímenes, entre otros delitos, indicó en declaraciones recientes que Ricardo Ramírez del Cid es el primer oficial de la institución a quien se le ha abierto una acción penal por la presunta comisión de lavado de activos. Rivera Pacheco informó que la Comisión Depuradora envió una importante cantidad de expedientes de policías al Ministerio Público para ser judicializados, al tiempo que aclaró que no todos los agentes y oficiales de la Policía Nacional son corruptos y que la institución de ahora difiere mucho con la de hace seis años. Aquí los nombres de exjerarcas de la Policía de pasaron de ser hombres respetables dentro de la sociedad a acusados por la Fiscalía. 1. El 18 de febrero de 2021, el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (Uf-Adpol) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) realizó una serie de aseguramientos de bienes al exdirector de la Policía Nacional, comisionado general José Ricardo Ramírez del Cid, acusado por el delito de lavado de activos. Investigaciones de las autoridades detallan que en un período de 10 años (2007 – 2016) Ramírez del Cid realizó movimientos financieros que rondan los 37,740,181. 78 lempiras, de los cuales no logró justificar 26,744,669. 18 lempiras. Dentro de este requerimiento fiscal figuró también la esposa del exjerarca policial Thelma Carmina Umaña Powell, que no logró justificar 1,473,226. 79 lempiras tras movimientos financieros por más de 2 millones de lempiras. De ese análisis patrimonial, el Ministerio Público indicó que identificó incongruencias en sus ingresos y por ende presentó adquisición de bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles y productores financieros. 2. En junio de 2020, Ambrosio Maradiaga Ordóñez, exjerarca policial, recibió arresto domiciliario por parte de un tribunal de sentencia luego de ser acusado del delito de lavado de activos. En una audiencia desarrollada ese mes se acreditó que el exjefe de policía padece de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Ordóñez estaba recluido en el Primer Batallón de Infantería desde su arresto en marzo de 2019. Según la investigación de las autoridades, Ordóñez desde el 2007-2014 presentó una incongruencia patrimonial tras realizársele un análisis financiero. Asimismo, se estableció que en ese período el detenido realizó movimientos atípicos de casi 7 millones de lempiras. El excomisionado ocupó, entre otros cargos, la jefatura departamental de la Policía en Choluteca e Islas de la Bahía, Caribe hondureño. También fue subdirector de la Dirección Nacional de Tránsito (ahora Dirección Nacional de Vialidad y Transporte) e inspector general de la Policía hondureña, a la que ingresó el 21 de diciembre de 1981 como subteniente y en enero de 2014 solicitó su retiro voluntario. 3. El ex subcomisado de policía José Orlando Leiva Natarén fue capturado en mayo de 2020, pero depurado de la Policía Nacional en 2016 porque fue señalado de tener un patrimonio injustificado de 138 millones de lempiras, de acuerdo con investigaciones del Ministerio Público. Según el informe, “desde 2006-2017 presentó un comportamiento financiero atípico, llegando a mover 913 millones de lempiras y llegando a tener un patrimonio de 138 millones de lempiras”. En todo el proceso, a los acusados (él y esposa) les han asegurado empresas y propiedades en dos operaciones, entre ellas dos residencias, una escuela, tres gasolineras y más de 50 cuentas bancarias. Además de la sociedad mercantil Corporación Natarén S de RL (Conar), dedicada a la compra, venta, distribución, importación y exportación de automotores y demás accesorios para vehículos. El 4 de abril de 2012 fue nombrado jefe del ya desaparecido centro penal de San Pedro Sula en sustitución de Eleázar Roberto Martínez Hernández, a raíz de una masacre en la que perdieron la vida unos 13 reos del recinto penitenciario. El 8 de enero de 2014, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) concluyó una investigación patrimonial que dio a conocer una incongruencia de 138. 1 millones de lempiras y remitió su expediente al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas para que emprendieran acciones legales. El 17 de mayo de 2016, la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional ordenó su suspensión, junto con otro grupo de oficiales por motivos de investigación. Mientras que el 9 de agosto de 2016, luego de las investigaciones con la Embajada de Estados Unidos, el MP y los demás operadores de justicia, la Comisión de Depuración determinó que José Orlando Leiva Natarén no era apto para continuar en el servicio y ordenó su cancelación por motivos de reestructuración. 4. En febrero de 2020, el Ministerio Público ejecutó la captura del entonces comisionado general de la Policía Nacional Leonel Luciano Sauceda Guifarro, así como de su esposa Patricia Sbeltlana Estrada Pacheco, acusados del delito de lavado de activos. La acción dirigida por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) se efectuó en la residencial Jardines de Toncontín en Comayagüela, a lo que se sumó una serie de aseguramientos de bienes supuestamente de origen ilícito, ocho de ellos muebles e inmuebles, dos eran vehículos y 23 correspondían a productos financieros propiedad de los imputados. Conforme a la investigación de agentes de la Atic, el entonces comisionado general Sauceda Guifarro, en un período de 11 años (2006 – 2017) no pudo justificar más de 13 millones de lempiras (unos 320,000 dólares), lo que incluyó movimientos en 13 cuentas de bancos a su nombre. En ese mismo orden, su pareja Estrada Pacheco no justificó más de 2 millones de lempiras (unos 114,000 dólares) luego de movimientos financieros por más de 7 millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre, sin establecerse el origen del dinero, ya que la mujer no poseía un empleo, negocio o préstamos que le generara algún tipo de ingresos. Es así que el informe elaborado por la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio Público, estableció que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas, carecían de fundamento económico legal, pese a que el desglose salarial del acusado en la fase investigada ascendía a casi 6 millones de lempiras y sin deducciones. 5. También en febrero de 2020, el Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) solicitó la privación definitiva del dominio sobre 24 bienes muebles, inmuebles y productos bancarios asegurados al comisionado de policía Lorgio Oquelí Mejía Tinoco (prófugo de la justicia) y su núcleo familiar. La petición hecha a un juez de privación correspondía a dos viviendas, tres vehículos y seis cuentas bancarias de Mejía Tinoco, por supuestos nexos del exalto jerarca policial con el lavado de activos, así como a seis productos financieros a nombre de su esposa Wendy María Castro y siete cuentas bancarias de su expareja Dennise Yamileth Morales. La acusación se derivó a que de acuerdo con las investigaciones y análisis de ingresos realizados al exjefe policial, no se justificaron más de 17 millones de lempiras en su patrimonio, por lo que no era congruente con el sueldo mensual devengado de 2012 a 2017, que era de 55,395. 21 lempiras. Según la investigación dirigida y practicada por agentes de la Atic, entre los años 2012 – 2015 miembros de la Policía asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos. Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado y acusado fue nombrado como jefe departamental de la Policía en Choluteca y de acuerdo con la investigación, los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, el cual se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (Agach). 6. En noviembre de 2019, las autoridades del Ministerio Público respaldaron la sentencia de culpabilidad dictada contra el exoficial de la Policía Nacional Jorge Alberto Barralaga y Montse Paola Fraga. El ex subcomisionado Barragala y su familia movieron en el sistema financiero nacional más de 2,000 millones de lempiras, según demostró durante el juicio el Ministerio Público. Las indagaciones de agentes de la Atic asignados a la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial y de los expertos forenses en delitos financieros, además, demostraron que este grupo organizado durante varios años realizó adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tenía justificación económica, informó la Fiscalía. Durante varios años, Jorge Barralaga fue jefe departamental en Copán y estuvo a cargo de la posta policial de La Granja.,

La Prensa

San Pedro Sula, Honduras.

La Policía Nacional, institución encargada de “servir y proteger” a los hondureños, además de presumir muchas veces transparencia en su administración y contundentes acciones contra la criminalidad, así como de pregonar dentro de sus filas a hombres y mujeres con historiales impecables, ha sido sacudida durante años debido a que varios de sus miembros, desde la escala básica hasta el alto nivel, se han relacionado con el crimen organizado y el narcotráfico.

A lo largo de su carrera policial, por mérito propio o no se ganaron el prestigio de muchos y la admiración de aquellos que empezaban a formarse al interior de la Policía Nacional, quien miraban en ellos un espejo de honorabilidad y un imagen digna de emular.

Unos fueron extraditados o se entregaron ante los Estados Unidos para cumplir sus penas o esperar su sentencia, otros aún no condenados se encuentran en un proceso judicial que los divide entre la sospecha y la culpabilidad.

Exdepurador de la Policía Omar RiveraOmar Rivera, exmiembro de la Comisión Especial creada para sanear una Policía Nacional salpicada desde hace muchos años por denuncias de corrupción y crímenes, entre otros delitos, indicó en declaraciones recientes que Ricardo Ramírez del Cid es el primer oficial de la institución a quien se le ha abierto una acción penal por la presunta comisión de lavado de activos.

Rivera Pacheco informó que la Comisión Depuradora envió una importante cantidad de expedientes de policías al Ministerio Público para ser judicializados, al tiempo que aclaró que no todos los agentes y oficiales de la Policía Nacional son corruptos y que la institución de ahora difiere mucho con la de hace seis años.

Aquí los nombres de exjerarcas de la Policía de pasaron de ser hombres respetables dentro de la sociedad a acusados por la Fiscalía.

1.

El 18 de febrero de 2021, el Ministerio Público, a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial (Uf-Adpol) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) realizó una serie de aseguramientos de bienes al exdirector de la Policía Nacional, comisionado general José Ricardo Ramírez del Cid, acusado por el delito de lavado de activos.

Investigaciones de las autoridades detallan que en un período de 10 años (2007 – 2016) Ramírez del Cid realizó movimientos financieros que rondan los 37,740,181.

78 lempiras, de los cuales no logró justificar 26,744,669.

18 lempiras.

Dentro de este requerimiento fiscal figuró también la esposa del exjerarca policial Thelma Carmina Umaña Powell, que no logró justificar 1,473,226.

79 lempiras tras movimientos financieros por más de 2 millones de lempiras.

De ese análisis patrimonial, el Ministerio Público indicó que identificó incongruencias en sus ingresos y por ende presentó adquisición de bienes muebles e inmuebles, sociedades mercantiles y productores financieros.

2.

En junio de 2020, Ambrosio Maradiaga Ordóñez, exjerarca policial, recibió arresto domiciliario por parte de un tribunal de sentencia luego de ser acusado del delito de lavado de activos.

En una audiencia desarrollada ese mes se acreditó que el exjefe de policía padece de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Ordóñez estaba recluido en el Primer Batallón de Infantería desde su arresto en marzo de 2019.

Según la investigación de las autoridades, Ordóñez desde el 2007-2014 presentó una incongruencia patrimonial tras realizársele un análisis financiero.

Asimismo, se estableció que en ese período el detenido realizó movimientos atípicos de casi 7 millones de lempiras.

El excomisionado ocupó, entre otros cargos, la jefatura departamental de la Policía en Choluteca e Islas de la Bahía, Caribe hondureño.

También fue subdirector de la Dirección Nacional de Tránsito (ahora Dirección Nacional de Vialidad y Transporte) e inspector general de la Policía hondureña, a la que ingresó el 21 de diciembre de 1981 como subteniente y en enero de 2014 solicitó su retiro voluntario.

3.

El ex subcomisado de policía José Orlando Leiva Natarén fue capturado en mayo de 2020, pero depurado de la Policía Nacional en 2016 porque fue señalado de tener un patrimonio injustificado de 138 millones de lempiras, de acuerdo con investigaciones del Ministerio Público.

Según el informe, “desde 2006-2017 presentó un comportamiento financiero atípico, llegando a mover 913 millones de lempiras y llegando a tener un patrimonio de 138 millones de lempiras”.

En todo el proceso, a los acusados (él y esposa) les han asegurado empresas y propiedades en dos operaciones, entre ellas dos residencias, una escuela, tres gasolineras y más de 50 cuentas bancarias.

Además de la sociedad mercantil Corporación Natarén S de RL (Conar), dedicada a la compra, venta, distribución, importación y exportación de automotores y demás accesorios para vehículos.

El 4 de abril de 2012 fue nombrado jefe del ya desaparecido centro penal de San Pedro Sula en sustitución de Eleázar Roberto Martínez Hernández, a raíz de una masacre en la que perdieron la vida unos 13 reos del recinto penitenciario.

El 8 de enero de 2014, la Dirección de Investigación y Evaluación de la Carrera Policial (DIECP) concluyó una investigación patrimonial que dio a conocer una incongruencia de 138.

1 millones de lempiras y remitió su expediente al Ministerio Público y al Tribunal Superior de Cuentas para que emprendieran acciones legales.

El 17 de mayo de 2016, la Comisión Especial de Depuración de la Policía Nacional ordenó su suspensión, junto con otro grupo de oficiales por motivos de investigación.

Mientras que el 9 de agosto de 2016, luego de las investigaciones con la Embajada de Estados Unidos, el MP y los demás operadores de justicia, la Comisión de Depuración determinó que José Orlando Leiva Natarén no era apto para continuar en el servicio y ordenó su cancelación por motivos de reestructuración.

4.

En febrero de 2020, el Ministerio Público ejecutó la captura del entonces comisionado general de la Policía Nacional Leonel Luciano Sauceda Guifarro, así como de su esposa Patricia Sbeltlana Estrada Pacheco, acusados del delito de lavado de activos.

La acción dirigida por la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) se efectuó en la residencial Jardines de Toncontín en Comayagüela, a lo que se sumó una serie de aseguramientos de bienes supuestamente de origen ilícito, ocho de ellos muebles e inmuebles, dos eran vehículos y 23 correspondían a productos financieros propiedad de los imputados.

Conforme a la investigación de agentes de la Atic, el entonces comisionado general Sauceda Guifarro, en un período de 11 años (2006 – 2017) no pudo justificar más de 13 millones de lempiras (unos 320,000 dólares), lo que incluyó movimientos en 13 cuentas de bancos a su nombre.

En ese mismo orden, su pareja Estrada Pacheco no justificó más de 2 millones de lempiras (unos 114,000 dólares) luego de movimientos financieros por más de 7 millones de lempiras en 10 cuentas bancarias a su nombre, sin establecerse el origen del dinero, ya que la mujer no poseía un empleo, negocio o préstamos que le generara algún tipo de ingresos.

Es así que el informe elaborado por la Unidad de Análisis Financiero del Ministerio Público, estableció que los productos financieros, bienes muebles e inmuebles obtenidos e inversiones realizadas, carecían de fundamento económico legal, pese a que el desglose salarial del acusado en la fase investigada ascendía a casi 6 millones de lempiras y sin deducciones.

5.

También en febrero de 2020, el Ministerio Público a través de la Unidad Fiscal de Apoyo al Proceso de la Depuración Policial y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (Atic) solicitó la privación definitiva del dominio sobre 24 bienes muebles, inmuebles y productos bancarios asegurados al comisionado de policía Lorgio Oquelí Mejía Tinoco (prófugo de la justicia) y su núcleo familiar.

La petición hecha a un juez de privación correspondía a dos viviendas, tres vehículos y seis cuentas bancarias de Mejía Tinoco, por supuestos nexos del exalto jerarca policial con el lavado de activos, así como a seis productos financieros a nombre de su esposa Wendy María Castro y siete cuentas bancarias de su expareja Dennise Yamileth Morales.

La acusación se derivó a que de acuerdo con las investigaciones y análisis de ingresos realizados al exjefe policial, no se justificaron más de 17 millones de lempiras en su patrimonio, por lo que no era congruente con el sueldo mensual devengado de 2012 a 2017, que era de 55,395.

21 lempiras.

Según la investigación dirigida y practicada por agentes de la Atic, entre los años 2012 – 2015 miembros de la Policía asignados en Choluteca solicitaban dinero a transportistas para que pudieran trasladar el ganado sin ningún tipo de inconvenientes, constituyendo tal acto como sobornos.

Estos cobros ilegales se intensificaron cuando el comisionado investigado y acusado fue nombrado como jefe departamental de la Policía en Choluteca y de acuerdo con la investigación, los pagos se realizaban en efectivo y provenían del dinero que manejaban los ganaderos, el cual se entregaba en los diferentes puntos de control, entre ellos: Pavana, El Triunfo, Namasigüe y en algunas ocasiones en las Instalaciones de la Asociación de Ganaderos de Choluteca (Agach).

6.

En noviembre de 2019, las autoridades del Ministerio Público respaldaron la sentencia de culpabilidad dictada contra el exoficial de la Policía Nacional Jorge Alberto Barralaga y Montse Paola Fraga.

El ex subcomisionado Barragala y su familia movieron en el sistema financiero nacional más de 2,000 millones de lempiras, según demostró durante el juicio el Ministerio Público.

Las indagaciones de agentes de la Atic asignados a la Unidad Fiscal de Apoyo a la Depuración Policial y de los expertos forenses en delitos financieros, además, demostraron que este grupo organizado durante varios años realizó adquisiciones e inversiones con el fin de convertir y ocultar activos cuya procedencia no tenía justificación económica, informó la Fiscalía.

Durante varios años, Jorge Barralaga fue jefe departamental en Copán y estuvo a cargo de la posta policial de La Granja.

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