“Hubo 2,600 excarcelaciones y 39,000 sentencias”: informe de Poder Judicial en cuarta y última legislatura

Tegucigalpa, Honduras. Rolando Argueta, titular del Poder Judicial en Honduras, compareción este lunes para brindar informe de lo realizado por este Poder del Estado en la cuarta y última legislatura del período 2018-2022 en el Congreso Nacional. La cuarta y última legislatura se efectuó de manera presencial limitada a la Junta Directiva en pleno del Congreso Nacional, los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial y los jefes de bancada, mientras que de manera virtual participaron el resto de diputados. El funcionario comenzó refiriéndose al Día de la Mujer Hondureña, indicando que en el Poder Judicial el 54% del personal son mujeres, exactamente 2,981 funcionarias y empleadas en todo el país. “La pandemia del covid-19 redujo ostensiblemente nuestra capacidad de atenció, pese a ello, los servicios de justicia jamás dejaron de prestarse en ninguna de las regiones del país”, aseguró. “El esfuerzo de las unidades jurisdiccionales, técnicas y administrativas para mantener la operatividad de los servicios judiciales ha sido palpable aún con el riesgo a la salud que ha implicado mantener a flote el trabajo en todas las áreas. Primero con las limitaciones impuestas por el confinamiento y la puesta en ejecución de un estado de excepción, posteriormente habilitando poco a poco y de manera escalonada los diversos servicios de justicia”, añadió. Relacionada: Congreso de Honduras instala cuarta y última legislatura El informe señala que durante la pandemia el Poder Judicial mantuvo activos sus servicios esenciales de justicia en las materias constitucional, penal, de niñez y adolescencia, de violencia doméstica, de familia y del trabajo. A partir de junio de 2020 se fueron reiniciando de manera gradual las actividades jurisdiccionales en todas las materias, implementando nuevas metodologías de trabajo, equilibrando los derechos de acceso a la justicia y salud. El Poder Judicial cuenta con 5,521 servidores judiciales a nivel nacional. En el marco del plan de reincorporación a labores se encuentran 4,387 funcionarios y empleados judiciales que no tienen alguna patología preexistente que les ponga en especial riesgo frente a la covid-19, quienes representan un 79% de la población judicial, mientras que 1,134 servidores judiciales en condiciones de vulnerabilidad frente a dicha enfermedad, por edad o condición médica, se encuentran desempeñando sus funciones por la vía del teletrabajo, que representan un 21% del total de funcionarios y empleados judiciales en el país. En el Congreso Nacional el presidente del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, del Legislativo, Mauricio Oliva, y del Judicial, Rolando Argueta. En el marco de dicho plan también se está dotando a cada funcionario y empleado judicial de su respectivo equipo de protección personal para el trabajo presencial, y se están desinfectando de manera permanente todos los edificios judiciales del país. A la fecha, han invertido en este tema 4. 6 millones de lempiras. “Se han celebrado a la fecha un total de 16 sesiones en forma virtual, 14 el año recién pasado y 2 en este año 2021, en las cuales se resolvió una cantidad significativa de expedientes jurisdiccionales provenientes de las diferentes salas. También se nombraron los jueces naturales para cinco solicitudes de extradición presentadas en el año, se emitió el instructivo para la celeridad de los procesos penales, se aprobó el plan de reincorporación y se determinó reactivar los plazos procesales después de casi 10 meses de haber tenido que suspender los mismos por la emergencia sanitaria nacional, entre otras cosas”, subrayó Argueta. Este año las salas de la Corte Suprema de Justicia han emitido un total de 1,492 resoluciones. Juzgados y tribunalesLos juzgados y tribunales de todo el país emitieron un total de 39,192 sentencias y autos definitivos, resolviendo así igual cantidad de casos en todas las materias, “con total independencia”. Los circuitos judiciales de corrupción, extorsión y otros delitos de alto impacto y de criminalidad organizada han venido trabajando con estos resultados: 770 de los 943 casos ingresados. Específicamente en materia de corrupción, a nivel nacional, de 2016 a la fecha, los juzgados de Letras han emitido 808 resoluciones judiciales, que van desde sobreseimientos provisionales y definitivos, hasta suspensiones condicionales de la persecución penal, conciliaciones y sentencias condenatorias por procedimiento abreviado, entre otras. En tanto, los tribunales de Sentencia han resuelto 346 casos, emitiendo 163 sentencias condenatorias, 182 sentencias absolutorias y 1 sobreseimiento definitivo. Defensa públicaLos 275 defensores públicos del país, en 2020 brindaron atención al ciudadano en un total de 67,980 audiencias realizadas por juzgados y tribunales a nivel nacional, de las cuales 58,893 fueron en procesos penales de adultos, 3,519 en materia penal juvenil, 3,993 en el ámbito civil, 860 en procesos de familia y 715 en causas de violencia doméstica. Descongestionamientos penitenciarios y juzgados de EjecuciónEn este período de pandemia, del 16 de marzo a la fecha, se ha logrado la excarcelación de más de 2,600 personas a través de la aplicación de diversos beneficios que contempla la Ley, tales como libertad condicional, conmuta, revisión de medidas y excarcelación por enfermedad en etapa terminal, entre otros. Escuela judicialLa escuela judicial Salomón Jiménez Castro desarrolló 187 actividades de formación y capacitación sobre las diferentes áreas del Derecho, así como de ética, transparencia e integridad, todo ello a través del aula virtual, aplicando la modalidad E-Learning y con un total de 5,321 asistencias a dichas actividades. Realizaron entre otras actividades: dos diplomados en derecho probatorio (uno en materia penal y otro en civil); un diplomado en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y capacitaron a 1,520 funcionarios judiciales sobre el nuevo Código Penal. En enero de 2021 también realizaron el Primer Congreso Internacional: Discusiones y Desafíos en Materia Anticorrupción, Crimen Organizado Transnacional y Sistema Penal, contando con la asistencia de más de 200 funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Tribunal Superior de Cuentas a nivel nacional. Disciplina judicialEn 2020, la supervisión general del Poder Judicial recibió 498 denuncias a nivel nacional, de las cuales 247 ya fueron evacuadas y 251 están en etapa de investigación, habiéndose remitido a la Dirección de Administración de Personal un total de 80 denuncias declaradas con mérito para la realización del trámite disciplinario correspondiente, de las cuales 10 también fueron enviadas al Ministerio Público por considerarse la existencia de cargos con apariencia de supuestos ilícitos penales. El año pasado, esta presidencia de la Corte Suprema de Justicia resolvió 176 casos disciplinarios, en unos declarándose la inexistencia de responsabilidad disciplinaria y en otros imponiéndose como sanciones: amonestación escrita, multa, suspensión del cargo o despido. Asimismo, resolvió 19 casos administrativos, emitiendo un total de 195 resoluciones disciplinarias y administrativas. Obras físicasEn 2020 trabajaron en la construcción de 13 edificios judiciales, de estas, 12 estarán listas para ser entregadas en el transcurso del primer trimestre. El monto total invertido en estos 13 nuevos edificios judiciales es de 241. 9 millones de lempiras. En la gestión de 2016 a la fecha han entregado ocho nuevos edificios, con una inversión de 42. 7 millones de lempiras, y han ejecutado 130 proyectos de reparación de edificios y acondicionamiento de espacios, con una inversión de 60. 2 millones de lempiras, encontrándose,actualmente en proceso de licitación la construcción de 11 nuevos edificios, con una inversión de 346. 1 millones de lempiras. Audiencias virtualesSe han construido y acondicionado salas de audiencias virtuales con equipos tecnológicos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y demás ciudades principales de Honduras, y realizado ya audiencias virtuales con establecimientos penitenciarios,para la comparecencia virtual de detenidos de alta peligrosidad u otras personas que se encuentren en sitios geográficamente distintos. Actualmente se realizan un promedio de 25 audiencias virtuales al día, computando a la fecha un total de 2,750 audiencias bajo esa modalidad. La cuarta y última legislatura se desarrolló con limitada presencia de personas en el Congreso Nacional. Con la Ley de Gestión Electrónica de Procesos Judiciales se viabiliza la comparecencia en juicio de manera virtual, el uso de firma digital, la presentación de escritos y otros documentos en forma electrónica las 24 horas del día y los 365 días del año. Por medio de este sistema digital se tramitarán todos los procesos, en todas las materias y todos los niveles de la estructura jurisdiccional. La recepción y asignación aleatoria del caso, la realización de las audiencias, la emisión y notificación de la sentencia, todo de manera electrónica. El ciudadano, a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo podrá consultar el estado actual de sus casos, independientemente de la materia o del juzgado o tribunal que esté conociendo. Servicio nacionalEl servicio nacional se encuentra en 15 de los 18 departamentos, abarcando 225 municipios del país, y ha brindado a la fecha un total de 37,768 asesorías, 7,514 conciliaciones y 14,744 charlas de formación y conocimiento de las leyes, beneficiándose a un total de 334,276 ciudadanos, de los cuales 167,536 son mujeres y 166,740 son hombres. Durante el año 2020, el Poder Judicial brindó asesorías vía telefónica y coordinó diferentes acciones a favor de las mujeres que sufrieron violencia doméstica en sus hogares, producto del confinamiento que se dio en la crisis por covid-19. Además, se difundieron campañas de promoción y protección de los derechos de las mujeres y demás grupos vulnerables. En 2020 se emitieron 128,229 constancias de antecedentes penales en forma gratuita, a personas que figuran entre los 18 y 22 años, que las solicitan para trabajo, a personas de la tercera edad y a familiares de privados de libertad.,

La Prensa

Tegucigalpa, Honduras.

Rolando Argueta, titular del Poder Judicial en Honduras, compareción este lunes para brindar informe de lo realizado por este Poder del Estado en la cuarta y última legislatura del período 2018-2022 en el Congreso Nacional.

La cuarta y última legislatura se efectuó de manera presencial limitada a la Junta Directiva en pleno del Congreso Nacional, los titulares de los poderes Ejecutivo y Judicial y los jefes de bancada, mientras que de manera virtual participaron el resto de diputados.

El funcionario comenzó refiriéndose al Día de la Mujer Hondureña, indicando que en el Poder Judicial el 54% del personal son mujeres, exactamente 2,981 funcionarias y empleadas en todo el país.

“La pandemia del covid-19 redujo ostensiblemente nuestra capacidad de atenció, pese a ello, los servicios de justicia jamás dejaron de prestarse en ninguna de las regiones del país”, aseguró.

“El esfuerzo de las unidades jurisdiccionales, técnicas y administrativas para mantener la operatividad de los servicios judiciales ha sido palpable aún con el riesgo a la salud que ha implicado mantener a flote el trabajo en todas las áreas.

Primero con las limitaciones impuestas por el confinamiento y la puesta en ejecución de un estado de excepción, posteriormente habilitando poco a poco y de manera escalonada los diversos servicios de justicia”, añadió.

Relacionada: Congreso de Honduras instala cuarta y última legislatura El informe señala que durante la pandemia el Poder Judicial mantuvo activos sus servicios esenciales de justicia en las materias constitucional, penal, de niñez y adolescencia, de violencia doméstica, de familia y del trabajo.

A partir de junio de 2020 se fueron reiniciando de manera gradual las actividades jurisdiccionales en todas las materias, implementando nuevas metodologías de trabajo, equilibrando los derechos de acceso a la justicia y salud.

El Poder Judicial cuenta con 5,521 servidores judiciales a nivel nacional.

En el marco del plan de reincorporación a labores se encuentran 4,387 funcionarios y empleados judiciales que no tienen alguna patología preexistente que les ponga en especial riesgo frente a la covid-19, quienes representan un 79% de la población judicial, mientras que 1,134 servidores judiciales en condiciones de vulnerabilidad frente a dicha enfermedad, por edad o condición médica, se encuentran desempeñando sus funciones por la vía del teletrabajo, que representan un 21% del total de funcionarios y empleados judiciales en el país.

En el Congreso Nacional el presidente del Poder Ejecutivo, Juan Orlando Hernández, del Legislativo, Mauricio Oliva, y del Judicial, Rolando Argueta.

En el marco de dicho plan también se está dotando a cada funcionario y empleado judicial de su respectivo equipo de protección personal para el trabajo presencial, y se están desinfectando de manera permanente todos los edificios judiciales del país.

A la fecha, han invertido en este tema 4.

6 millones de lempiras.

“Se han celebrado a la fecha un total de 16 sesiones en forma virtual, 14 el año recién pasado y 2 en este año 2021, en las cuales se resolvió una cantidad significativa de expedientes jurisdiccionales provenientes de las diferentes salas.

También se nombraron los jueces naturales para cinco solicitudes de extradición presentadas en el año, se emitió el instructivo para la celeridad de los procesos penales, se aprobó el plan de reincorporación y se determinó reactivar los plazos procesales después de casi 10 meses de haber tenido que suspender los mismos por la emergencia sanitaria nacional, entre otras cosas”, subrayó Argueta.

Este año las salas de la Corte Suprema de Justicia han emitido un total de 1,492 resoluciones.

Juzgados y tribunalesLos juzgados y tribunales de todo el país emitieron un total de 39,192 sentencias y autos definitivos, resolviendo así igual cantidad de casos en todas las materias, “con total independencia”.

Los circuitos judiciales de corrupción, extorsión y otros delitos de alto impacto y de criminalidad organizada han venido trabajando con estos resultados: 770 de los 943 casos ingresados.

Específicamente en materia de corrupción, a nivel nacional, de 2016 a la fecha, los juzgados de Letras han emitido 808 resoluciones judiciales, que van desde sobreseimientos provisionales y definitivos, hasta suspensiones condicionales de la persecución penal, conciliaciones y sentencias condenatorias por procedimiento abreviado, entre otras.

En tanto, los tribunales de Sentencia han resuelto 346 casos, emitiendo 163 sentencias condenatorias, 182 sentencias absolutorias y 1 sobreseimiento definitivo.

Defensa públicaLos 275 defensores públicos del país, en 2020 brindaron atención al ciudadano en un total de 67,980 audiencias realizadas por juzgados y tribunales a nivel nacional, de las cuales 58,893 fueron en procesos penales de adultos, 3,519 en materia penal juvenil, 3,993 en el ámbito civil, 860 en procesos de familia y 715 en causas de violencia doméstica.

Descongestionamientos penitenciarios y juzgados de EjecuciónEn este período de pandemia, del 16 de marzo a la fecha, se ha logrado la excarcelación de más de 2,600 personas a través de la aplicación de diversos beneficios que contempla la Ley, tales como libertad condicional, conmuta, revisión de medidas y excarcelación por enfermedad en etapa terminal, entre otros.

Escuela judicialLa escuela judicial Salomón Jiménez Castro desarrolló 187 actividades de formación y capacitación sobre las diferentes áreas del Derecho, así como de ética, transparencia e integridad, todo ello a través del aula virtual, aplicando la modalidad E-Learning y con un total de 5,321 asistencias a dichas actividades.

Realizaron entre otras actividades: dos diplomados en derecho probatorio (uno en materia penal y otro en civil); un diplomado en jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y capacitaron a 1,520 funcionarios judiciales sobre el nuevo Código Penal.

En enero de 2021 también realizaron el Primer Congreso Internacional: Discusiones y Desafíos en Materia Anticorrupción, Crimen Organizado Transnacional y Sistema Penal, contando con la asistencia de más de 200 funcionarios del Poder Judicial, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y Tribunal Superior de Cuentas a nivel nacional.

Disciplina judicialEn 2020, la supervisión general del Poder Judicial recibió 498 denuncias a nivel nacional, de las cuales 247 ya fueron evacuadas y 251 están en etapa de investigación, habiéndose remitido a la Dirección de Administración de Personal un total de 80 denuncias declaradas con mérito para la realización del trámite disciplinario correspondiente, de las cuales 10 también fueron enviadas al Ministerio Público por considerarse la existencia de cargos con apariencia de supuestos ilícitos penales.

El año pasado, esta presidencia de la Corte Suprema de Justicia resolvió 176 casos disciplinarios, en unos declarándose la inexistencia de responsabilidad disciplinaria y en otros imponiéndose como sanciones: amonestación escrita, multa, suspensión del cargo o despido.

Asimismo, resolvió 19 casos administrativos, emitiendo un total de 195 resoluciones disciplinarias y administrativas.

Obras físicasEn 2020 trabajaron en la construcción de 13 edificios judiciales, de estas, 12 estarán listas para ser entregadas en el transcurso del primer trimestre.

El monto total invertido en estos 13 nuevos edificios judiciales es de 241.

9 millones de lempiras.

En la gestión de 2016 a la fecha han entregado ocho nuevos edificios, con una inversión de 42.

7 millones de lempiras, y han ejecutado 130 proyectos de reparación de edificios y acondicionamiento de espacios, con una inversión de 60.

2 millones de lempiras, encontrándose,actualmente en proceso de licitación la construcción de 11 nuevos edificios, con una inversión de 346.

1 millones de lempiras.

Audiencias virtualesSe han construido y acondicionado salas de audiencias virtuales con equipos tecnológicos en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba y demás ciudades principales de Honduras, y realizado ya audiencias virtuales con establecimientos penitenciarios,para la comparecencia virtual de detenidos de alta peligrosidad u otras personas que se encuentren en sitios geográficamente distintos.

Actualmente se realizan un promedio de 25 audiencias virtuales al día, computando a la fecha un total de 2,750 audiencias bajo esa modalidad.

La cuarta y última legislatura se desarrolló con limitada presencia de personas en el Congreso Nacional.

Con la Ley de Gestión Electrónica de Procesos Judiciales se viabiliza la comparecencia en juicio de manera virtual, el uso de firma digital, la presentación de escritos y otros documentos en forma electrónica las 24 horas del día y los 365 días del año.

Por medio de este sistema digital se tramitarán todos los procesos, en todas las materias y todos los niveles de la estructura jurisdiccional.

La recepción y asignación aleatoria del caso, la realización de las audiencias, la emisión y notificación de la sentencia, todo de manera electrónica.

El ciudadano, a cualquier hora y desde cualquier lugar del mundo podrá consultar el estado actual de sus casos, independientemente de la materia o del juzgado o tribunal que esté conociendo.

Servicio nacionalEl servicio nacional se encuentra en 15 de los 18 departamentos, abarcando 225 municipios del país, y ha brindado a la fecha un total de 37,768 asesorías, 7,514 conciliaciones y 14,744 charlas de formación y conocimiento de las leyes, beneficiándose a un total de 334,276 ciudadanos, de los cuales 167,536 son mujeres y 166,740 son hombres.

Durante el año 2020, el Poder Judicial brindó asesorías vía telefónica y coordinó diferentes acciones a favor de las mujeres que sufrieron violencia doméstica en sus hogares, producto del confinamiento que se dio en la crisis por covid-19.

Además, se difundieron campañas de promoción y protección de los derechos de las mujeres y demás grupos vulnerables.

En 2020 se emitieron 128,229 constancias de antecedentes penales en forma gratuita, a personas que figuran entre los 18 y 22 años, que las solicitan para trabajo, a personas de la tercera edad y a familiares de privados de libertad.

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